Concejo Educativo Municipal (CEM) – Puerto Rico.
Puerto Rico, marzo del 2010
Después de cuatro años aproximadamente que el gobierno inició la implementación del Plan de Municipalización Educativa en nuestro país, con el propósito común de mejorar la Calidad Educativa de las instituciones educativas públicas a través de la aplicación de un modelo de gestión educativa con la participación del Gobierno Local y la Comunidad Educativa, en el marco del Plan Desarrollo Local y el proceso de descentralización. La municipalización implica transferir la gestión concentrada en el Ministerio de Educación a los gobiernos regionales y municipales, a través de un proceso ordenado.
El plan de municipalización, estuvo previsto en tres etapas: Plan Piloto (2007-2008), etapa de expansión (2009-2010) y etapa de generalización (2011-2015). Para el Plan Piloto, se seleccionaron 56 distritos, lo que incluyó a 1,883 instituciones educativas, 7,823 docentes y 186,164 alumnos, de las cuales solo se acreditaron 36 municipalidades… Actualmente, nos encontramos en la etapa de expansión y aún no se acreditan más municipalidades, ni mucho menos se terminan de implementar y/o transferir las acreditadas.
En ese marco, se publican los resultados de la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo del desarrollo del Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa, cuyo informe revela un escenario incierto con múltiples cuestionamientos poco alentadores como: ¿Se podrá con este diseño de gestión mejorar la calidad de la educación o empeorará? ¿Serán capaces los alcaldes de conducir eficientemente la gestión pedagógica, institucional y administrativa de la educación en sus localidades? ¿Participarán algún día los alcaldes en procesos de selección de docentes sin un cartel que diga: “fulano lo hizo”?, etc. A pesar de las diversas acciones que se vienen implementando y difundiendo a nivel nacional el equipo técnico. En tal sentido, el CEM de Puerto Rico expresa sus propias reflexiones en el contexto de los pocos avances alcanzados hasta este momento y en el marco del acontecer nacional.
Primero, el informe de la Defensoría del pueblo, relata varios desencuentros como la indefinición de competencias y funciones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local en materia de educación. Es decir, hasta ahora no se resuelve la notoria duplicidad entre las normas de descentralización y la Ley General de Educación. Ésta última, en su Art. 73, contempla como funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local, lo que la Ley Orgánica de Municipalidades, en su Art. 82, reconoce a los gobiernos locales. Para la Defensoría, “parecería que el modelo de municipalización habría sido diseñado sin tomar en cuenta la estructura y funcionamiento de las municipalidades”. Desde este lado, el Concejo Municipal es el responsable de la política educativa local. Para el Plan de Municipalización lo es el Consejo Educativo Municipal (CEM), órgano constituido por los representantes de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI) y presidido por el alcalde distrital.
En efecto, consideramos que la municipalización de la educación debería ser parte de la descentralización educativa. No obstante, hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Ley General de Educación; las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y las instituciones educativas son los principales actores e instancias de la descentralización educativa en el sistema de gestión de la educación; aunque se prevé que las municipalidades deberían coordinar y apoyar las acciones de los anteriores. Precisamente, nuestra región San Martín, viene desarrollando un modelo de gestión con el apoyo del gobierno local en distritos focalizados de todas las provincias, a través del Proyecto Educativo Regional (PER). Por eso, es apremiante coordinar, definir y deslindar pronto los alcances de la municipalización, de modo que puedan ser incorporados al PER o en su defecto, abrazar y alentar este modelo de gestión educativa.
Segundo, las 56 municipalidades que se seleccionaron bajo un criterio de “proporcionalidad”: dos municipalidades en promedio por región, ignorando la heterogeneidad de los municipios; es decir, mientras algunos tienen poca recaudación tributaria y muchas IE a su cargo, hay otros con alta recaudación tributaria pero pocas IE en sus dominios. Estas ausencias no hacen sino abrir más las heridas de inequidad. Tampoco se consideró una fase de evaluación que determine la viabilidad para pasar de una a otra etapa. Pese a ello, se aprobó la incorporación voluntaria de 88 municipalidades distritales y se amplió al nivel secundario en aquellas IE que venían participando. La Defensoría del pueblo advierte además que el MINEDU presenta las actividades de las municipalidades del Plan Piloto a favor de la educación como resultado de su implementación, cuando éstas las han realizado inclusive antes del referido Plan.
Tercero, el financiamiento camina a velocidad de tortuga o con pies de plomo, puesto que este Plan de Municipalización se financia a través de diversas fuentes: recursos de los gobiernos; aportes del canon; la cooperación de entidades; y, del Fondo de Compensación para la Municipalización de la Gestión Educativa (FONCOMUNGE). A éste último le corresponde financiar proyectos de innovación educativa: compra de mobiliario y equipamiento; construcción y mantenimiento de infraestructura; adquisición de materiales educativos. Sin embargo, a diciembre de 2009, no han financiado un solo proyecto presentado por los CEM, debido a que los fondos del FONCOMUNGE son asignados por el Ministerio de Economía a la partida del MINEDU.
Cuarto, respecto a la transferencia administrativa se sabe que es uno de los puntos más débiles: la implementación de la Secretaría Técnica del CEM, encargada de operativizar los acuerdos y coordinar con las UGEL apoyo administrativo y pedagógico. La Defensoría constató que los Secretarios Técnicos, quienes deberían estar a dedicación exclusiva, en muchos casos, no lo están por falta de presupuesto. Sobre el perfil profesional de los mismos, increíblemente no se establece criterio alguno de selección. Y, sobre los recursos y las condiciones de trabajo, se verificó que, de 31 Secretarios, solo la tercera parte disponían de oficina y de movilidad para realizar las tareas asignadas.
Quinto, desde el 2007 se viene implementando el Plan Piloto en varios distritos del interior del país, de los cuales se pueden rescatar varias experiencias exitosas, como también serias dificultades debido a poco interés que le dan al proceso. Si bien es cierto, que el éxito radica en el rol que cumplan los CEMs, también tienes una cuota de responsabilidad el equipo técnico y el gobierno. Es necesario preguntarse ¿seguimos adelante o damos un paso al costado como municipalidad? Como van las cosas sería mejor replantear esta municipalización, hacer un balance de los aciertos y desaciertos. Desanima el escaso avance y el clima que vive la comunidad educativa de las Instituciones Educativas municipalizadas en el país y nuestra región en particular, y nuevamente se comprueba que la educación aún no interesa lo suficiente al gobierno y al Estado. Todo camina hacia una experiencia más sin éxito.
En consecuencia, el CEM del distrito de San Cristóbal de Puerto Rico, consciente de la voluntad de insertarse al Plan, porque está de acuerdo con algunas bondades benéficas que trae consigo este plan, como las de romper los hilos del viejo centralismo en nuestro País y porque considera que el proceso de descentralización no se agota con transferencias en la toma de decisiones, sino que va más allá de las oscuras sombras del modelo económico que empuja al Estado a desatender históricas obligaciones, entre otras. En esa dirección, exhortamos al Ministerio de Educación y la Secretaría de Descentralización y por consiguiente al Gobierno a repensar sus Lineamientos de Política Educativa y en particular este Plan Piloto, en base a las diecisiete recomendaciones realizadas por la Defensoría del pueblo, así como a despolitizar la educación y hacerle caso al Proyecto Educativo Nacional propuesto por el Consejo Nacional de Educación, convertido en política de estado por el Acuerdo Nacional y por el propio gobierno de Alan García. No se puede pretender que propuestas generadas de modo impulsivo e improvisado sean superiores a los planes cuidadosamente estudiados y consensuados por los entendidos en el tema. La inspiración presidencial no puede sustituir todo el saber acumulado en el Perú en materia de educación.
Atentamente,
Yone Paulino Diestra
ALCALDE
PRESIDENTE CEM-PUERTO RICO.
GOBIERNO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
PUERTO RICO
Picota – San Martin – Perú
Tef. 042-942017174 RPM *125601
